Más quejas por las restricciones al ingreso de libros importados

Nota abajo:

Las restricciones al ingreso de libros y revistas impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, provocaron una fuerte polémica porque obligan a los particulares que compran publicaciones en el exterior a buscarlas en Ezeiza y a editoriales y librerías a recurrir a un servicio de despachante de aduana para los pedidos inferiores a 50 kilos y 1000 dólares.
Hasta la entrada en vigor de la curiosa normativa, una persona podía comprar un libro, por ejemplo, en Amazon y el servicio de correo privado acercaba el ejemplar hasta el domicilio. Ahora el comprador deberá ir hasta Ezeiza y esperar una autorización para llevarse lo que compró. En Aduana deberían chequear que la tinta de las publicaciones no contenga cantidades de plomo superiores al 0,05 y el 0,06% en su composición química.
Nadie sabe cómo ni cuánto tiempo podría demorar ese tipo de análisis, que fueron adjudicados al laboratorio TUV Reinhald.
Desde Santa Fe, el investigador emérito del Conicet, ex titular del Parque Tecnológico Litoral Centro y docente de la UNL Alberto Cassano ya siente en carne propia el faltante de libros científicos en inglés en las librerías de todo el país. "Yo necesito esos libros para continuar mis investigaciones y recientemente, por un envío de una docena de libros que adquirí por Internet, la Aduana de Santa Fe me cobró un recargo del 50 por ciento. Terminé pagando unos 4000 pesos", comentó a LA NACION.
En este contexto, escritores e intelectuales argentinos manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de medidas que limitan el acceso a bienes culturales.
El grupo de intelectuales de Plataforma 2012 criticó con cierta ironía la medida, al sostener que las prevenciones que aduce la Secretaría de Comercio Interior para tomar tal medida se refieren a que las tintas usadas en la impresión pueden contener más de 0,06% de plomo y que, por lo tanto, pueden ser peligrosas para la salud de la población. "Causa estupor que el mismo gobierno que acepta la utilización de sustancias químicas contaminantes en la megaminería a cielo abierto alegue ahora razones de índole sanitaria para tomar una medida tan engañosa como falsa", dijo este grupo, integrado por Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Luis Felipe Noé, Maristella Svampa y Herman Schiller, entre otros. "Sería bueno escuchar qué opinan de estos acontecimientos los ministros de Educación, de Ciencia y Tecnología y el director de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas directamente afectadas por las medidas", agregaron lo intelectuales.
El ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, calificó la medida como "inconducente" y pidió a Moreno que "reflexione" para dar marcha atrás con las limitaciones, al opinar que "estamos en un límite muy complicado".
Consultada por los efectos de la normativa, la gerenta de la Cámara Argentina del Libro, Diana Segovia, dijo que la nueva disposición es "fuerte porque afecta a los particulares; en el comercio grande es relativamente poco el impacto pero en la percepción es enorme porque ahora un particular no puede recibir su libro o revista como siempre", expresó a LA NACION. En esa Cámara, de todos modos, relativizaron los efectos negativos de las nuevas exigencias comerciales porque las grandes editoriales firmaron un convenio con Moreno para poder importar en la posición arancelaria 4901 a cambio de que también se hagan exportaciones.
La escritora María Rosa Lojo no dudó en calificar esta medida de "mala noticia". "Para quienes nos movemos en el mundo de la letra impresa es una mala noticia, en tanto afecta directamente a los pequeños compradores y consumidores. Obligar a concurrir a Ezeiza personalmente a un escritor o un investigador que ha adquirido por Amazon un libro o una revista académica no va a solucionar el problema de la balanza comercial, y sí va a entorpecer, en cambio, el desarrollo de una investigación que necesita los libros como insumos", opinó.
Por su parte, Leila Guerriero, periodista y autora, se preguntó por las consecuencias prácticas de esta medida. "¿Los suscriptos a revistas extranjeras tendrán que peregrinar una, dos o tres veces por mes a Ezeiza a retirar ejemplares?" Guerriero recibe varios envíos por mes de libros y revistas: "Lo que antes era expectativa ahora será un regalo envenenado: nadie dispone del tiempo (ni de los recursos) para hacer un viaje caro, largo, que tomará horas. Las consecuencias son claras: recibir libros empezará a ser un problema", dijo.
POSTERGAN EL ACUERDO CON TARINGA!
El acuerdo que iba a rubricar ayer la Cámara Argentina del Libro con el sitio Taringa! para frenar la piratería de textos en Internet fue postergado por una reunión sobre las limitaciones en la compra de libros al exterior. El convenio será firmado por ambas partes en los próximos días. "Es un acuerdo para trabajar en dar de baja del sitio contenidos con derecho de autor protegidos; es un servicio para proteger a las editoriales y los autores", dijo la gerenta de la Cámara, Diana Segovia. Aunque Segovia no lo mencionó, las editoriales accederían a desistir de las demandas judiciales contra Taringa!.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1460189-mas-quejas-por-las-restricciones-al-ingreso-de-libros-importados

La "filosofía del lenguaje" K - Por Beatriz Sarlo

Excelente nota.

Por Beatriz Sarlo | Para LA NACION

Hace pocos días, un amigo (joven, pero no kirchnerista) me envió el enlace a un fragmento de discurso presidencial. Lo acompañaba sólo con un adjetivo entre irónico y escandalizado: "Dantesco". Quiero compartir ese enlace:



Son tres minutos sobre los subtes. Tiene razón la Presidenta cuando afirma que el traspaso de los subtes no hubiera debido ser judicializado por Macri. Tiene razón al señalar que otras medidas cautelares se interpusieron ante resoluciones de gobierno y leyes votadas en el Congreso, como si la Argentina tuviera en su horizonte una república de jueces. Es diferente recurrir a la Corte por la inconstitucionalidad de un fallo que atiborrar los tribunales de medidas cautelares.

Además de estas observaciones, la Presidenta no puede evitar las notas de color, que usa cada vez con más desparpajo, con la creencia de que nadie está a su altura para discutirle y que nadie tiene legitimidad para hacerlo. Salvo los medios, pero ya se sabe qué son los medios: una fachada de negocios mal habidos, tan distintos de los empresarios amigos, esos verdaderos capitalistas de riesgo que juegan sus fortunas en las empresas para dinamizar el mercado de trabajo. Y, para peor, ahora han aparecido, según la Presidenta acaba de revelarnos en un sagaz giro hermenéutico, un par de periodistas filonazis.

En el video que comento, la Presidenta recurrió a un hit del federalismo antiporteño: los argentinos no tienen que pagarle a Buenos Aires sus lujos. Lo que dice Cristina Kirchner instala una revulsiva simetría con las afirmaciones de Macri de que a los hospitales porteños viene a tratarse la gente del Gran Buenos Aires, o que el Indoamericano estaba lleno de extranjeros. Por un lado, federalismo trucho; por el otro, bajo tenor social. Que Macri sea espontáneamente poco sensible a los pobres no habilita a la Presidenta para salir a dar patadas.

Después de la doctrina antiporteña, la Presidenta, por teleconferencia, se dirige a una mujer en La Quiaca (a la que tutea sin conocer, como lo hacen las señoras acomodadas con los pobres de provincia): "Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez a algún subte?". "Hasta ahora no", responde Salustriana, entre risas y aplausos de los funcionarios de la platea porteña. La Presidenta sigue: "Yo voy a ir a La Quiaca y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte". Salustriana: "A nosotros nos hacen falta otras cosas". A la Presidenta también: por ejemplo, dar una vuelta en subte a las nueve de la mañana, con De Vido de acompañante. No tiene la obligación de hacerlo. Pero, entonces, que no diga bravuconadas.

Si se le preguntara a Salustriana: ¿necesita Aerolíneas Argentinas?, también diría que antes precisa otras cosas, por ejemplo un tren eficiente que permita que sus familiares la visiten pagando un pasaje razonable. ¿Por qué Cristina Kirchner no viaja en tren con Salustriana desde La Quiaca, si tal expedición es posible? Interrogada libremente, Salustriana también diría que no necesita que se gaste plata en ese avión presidencial, ni en las visitas de la Presidenta al G20 ni en armar un museo de efemérides en la Casa de Gobierno ni en Artépolis, que Cristina acaba de anunciar. Usar a Salustriana como argumento de cómo debe diseñarse un sistema de transporte (o un proyecto cultural) es un golpe bajo, de populismo demagógico.

Desde la extrema necesidad, todo es prescindible. Por eso, la política tiene en la asignación de recursos una función principal. Sin embargo, nadie discute la asignación de recursos de la Presidenta. Para ella sólo hay vía libre. Y ha encontrado, en estos días, a un inesperado émulo: el gobernador Bonfatti, de Santa Fe, asignó más de cuatrocientos mil pesos para un recital en su provincia. ¿Qué diría la Salustriana del norte santafecino si algún periodista del oficialismo la interrogara?

Salustriana no es libre cuando le contesta a la Presidenta. Su autonomía está sujeta por la necesidad material y por la inconmensurable distancia que la separa de esa señora emperifollada que la interpela por teleconferencia. Claramente, Salustriana necesita servicios diferentes de los de un subte, que sería un artefacto de otro planeta en La Quiaca o en cualquier otra ciudad del mundo de esas dimensiones.

Pero la autonomía de Salustriana está afectada porque no tiene libertad para contestar a la Presidenta de un modo diferente. Ni aunque quisiera hacerlo, ni aunque quisiera decirle que ella tampoco necesita que el Gobierno invierta millones en decorar el edificio de Obras Públicas con un póster gigantesco de Eva Perón, cuya maqueta está detrás de la Presidenta. Salustriana no podría decirlo. Muy pocas personas están en condiciones de refutarle algo, cara a cara, a un presidente. Por eso, un presidente abusa de su poder cuando disimula el lugar del irrefutable. Como Cristina frente a Salustriana, hace un gesto del más tradicional paternalismo.

La Presidenta tiene dos estrategias discursivas: el silencio y el monopolio. Lo que se llama "el relato" depende de estas estrategias y no al revés.

Los acontecimientos que se consideran desfavorables y sobre los que no se tiene preparada una argumentación merecen el silencio. Cristina Kirchner atribuye al lenguaje el poder de producir los acontecimientos. Lo que se nombra, automáticamente, pasa a existir: abracadabra. La palabra "inflación" hace subir los precios. A la inversa, lo que no se nombra no existe. El lenguaje produce la realidad, que puede ser narrada, descripta, aludida, metaforizada. Es decir que no se trata sólo de "relato", como se insiste habitualmente. Hay algo anterior a cualquier relato, una fuerza que funda o destituye la realidad.

Según la filosofía del lenguaje K, la lengua es mágica. Por lo tanto, tiene que ser sólo propiedad de la Presidenta, ya que los poderes de enunciar o silenciar tendrían siempre efectos materiales. El unicato cristinista es, en primer lugar, un unicato de enunciación. Muchas veces me he preguntado por qué razón, ya que ella no habla con el periodismo, no existen emisores del tipo de Alberto Fernández, que cumplían esa función de amistoso off the record hasta 2008. Mi pregunta es irrelevante porque Cristina trajo una novedad: todos los lugares desde donde se habla han colapsado menos uno, el que ella ocupa todos los días, porque esa realidad fundada en el lenguaje corre riesgos en ausencia de su discurso, que es el único que garantiza la existencia. Hasta sacó del Gabinete al chistoso Aníbal Fernández, que reproducía en carbónico los humores presidenciales, porque, al emitir esas reproducciones, no se respetaba el unicato de la enunciación. ¿Quién le conoce la voz a Abal Medina? ¿Quién escuchó alguna vez al taciturno Máximo?

Estas cuestiones discursivas son directamente políticas. La "filosofía del lenguaje" K arma sistema con una concepción del poder unificado; es antipluralista y discrecional. Se puede acordar con muchas medidas tomadas por la Presidenta. Es posible, incluso, coincidir con muchos de sus motivos o diagnósticos. Pero no es posible disentir: toda contradicción es un ataque y todo ataque se personaliza.

Cada vez que alguien recuerda la forma secreta en que Boudou fue elegido vicepresidente, las consecuencias del unicato podrían convertirse en lección práctica sobre las conveniencias de un juego más abierto. Nadie pide que Cristina Kirchner se convierta en una demócrata a la uruguaya. Eso va contra sus reflejos y probablemente también contra un estilo argentino, dado a atropellar, que los votantes no han rechazado últimamente. El unicato lo ejerce una personalidad política autocentrada, desconfiada de cualquier pluralismo, hipersensible a las críticas, renuente al diálogo salvo con sujetos ausentes o en estado de dependencia. Los diferentes relatos pueden cambiar, lo que se mantiene estable es el lugar desde donde Cristina los enuncia. Ese es el núcleo duro e inabordable del poder. Todo lo que queda por hacer es desear que no se equivoque.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1456937-la-filosofia-del-lenguaje-k

Pauta oficial: ¿A quién beneficia Cristina Kirchner? ¿Y Macri? ¿Y Scioli?

Una buena nota ilustrativa.

Link: http://www.lanacion.com.ar/1458182-pauta-oficial-a-quien-beneficia-cristina-kirchner-y-macri-y-scioli

Síntomas de un hombre acorralado -Por Joaquin Morales Solá

Columna interesante sobre el caso Boudou.

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La situación judicial -y política- del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, podría decidirse en los próximos 30 o 60 días, dijeron fuentes judiciales con conocimiento de la causa sobre la ex Ciccone. En ese plazo, breve para los tiempos políticos, el juez Daniel Rafecas deberá recabar las pruebas, evaluarlas y decidir si llamará al vicepresidente a declaración indagatoria. Esta clase de citación judicial significa también que, luego de concretada la declaración, el juez está en condiciones de dictar el procesamiento del sospechoso. Si eso ocurriera, el vicepresidente tendrá en adelante dos opciones: renunciar o someterse al juicio político del Congreso.

Sobre Boudou confluyen la sospecha judicial y la indiferencia política. El peor de los mundos. La Justicia necesita acreditar todavía la vinculación entre el vicepresidente y los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica o de parte de ella. La decisión judicial de avanzar en la investigación pudo constatarse con un hecho que pasó casi inadvertido: el allanamiento en Mendoza de la casa donde vive la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, quien acusó a su ex marido de ser testaferro de Boudou. De esa manera, fue la Justicia la que accedió de manera directa a eventuales documentos probatorios contra Vandenbroele y Boudou.

Por el tono y el contenido de las cosas que dice Muñoz, ella misma hubiera llevado esos documentos a la Justicia. Pero el juez y el fiscal prefirieron limpiar la investigación de eventuales impurezas procesales. Si Muñoz hubiera aportado esas pruebas, los defensores de Boudou y de Vandenbroele hubieran pedido la nulidad de las pruebas aportadas por una esposa contra su marido.

El Código Procesal Penal es muy claro cuando les impide a los cónyuges denunciarse penalmente entre ellos. Ahora, es la Justicia la que se hizo directamente de esos documentos; no fue la esposa la que incriminó a su marido. Vandenbroele y Muñoz siguen siendo un matrimonio, porque la separación de hecho no se consumó todavía en un divorcio.

El otro elemento nuevo fue la noticia que dio cuenta de quiénes serían, en verdad, los dueños de una parte de la ex Ciccone, que LA NACION adelantó ayer. Son dos uruguayos, Fernando Castagno Schikendantz y Janine Gómez Suárez, con un largo historial de sospechas sobre Lavado de dinero en varios países, España entre ellos. Ambos aparecen como los titulares de una empresa, Dusbel SA, radicada en Montevideo.

"Montevideo está llena de empresas fantasmas que son de argentinos que quieren esconder su identidad", dijo un conocido político uruguayo. Por lo general, la sede de esas empresas son pequeñas oficinas, que se usan a la vez como sedes de otras numerosas empresas, como es en este caso.

Dos conclusiones

De ese dato se desprenden dos conclusiones que pegan muy cerca de Boudou. En primer lugar, la frivolidad política, por lo menos. La única prueba concreta y clara de una intervención personal de Boudou en el escándalo de la ex Ciccone es una carta del entonces ministro de Economía al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, recomendando que éste aceptara un plan de pagos de viejas deudas impositivas de la empresa. La impresora ya estaba en manos de The Old Fund SA, una parte de cuya propiedad es de aquellos uruguayos con fama de lavadores de dinero.

Boudou dijo públicamente que se interesó por el destino de la ex Ciccone para defender los puestos de trabajo. ¿Defender los puestos de trabajo de una empresa en condiciones de imprimir dinero y que entre sus propietarios tiene a personas sospechadas de lavar dinero?

El dinero lavado es siempre dinero de origen espurio. Venga de la corrupción, del tráfico de drogas o del contrabando. Castagno Schikendantz y Gómez Suárez no era recién llegados al mundo del lavado; sus nombres figuraron hace más de diez años en el célebre "informe Carrió" sobre la trama oculta del lavado de dinero.

La segunda conclusión es menos benévola que la primera. Las casualidades existen, pero no abundan. El caso Ciccone fue la segunda vez en la historia de la AFIP en la que este ente aceptó que se levantara un pedido de quiebra, hecho por la misma AFIP, sin que antes se hubiera saldado la deuda o se hubiera acordado un plan de pagos.

El plan de pagos vino después de que el juez decidió levantar la quiebra. Por primera vez en la historia, el jefe de la AFIP pidió por carta la opinión del ministro de Economía para acordar un plan de pagos con un moroso. Existió un interés desmesurado, inédito y llamativo de funcionarios del gobierno nacional (sobre todo del área económica, entonces bajo la jefatura de Amado Boudou) en la vieja Ciccone Calcográfica.

El infatigable trasiego de funcionarios para resolver la quiebra y la propiedad de Ciccone sucedió en las mismas semanas en que Néstor Kirchner mostraba signos evidentes de una definitiva fatiga de su salud.

Los aparentes nuevos dueños de Ciccone, Castagno Schikendantz y Gómez Suárez, accedieron a la propiedad de la empresa siete días después de la muerte del ex presidente. ¿Qué pensarán ahora la viuda y los hijos de aquella insensibilidad de los funcionarios frente a la enfermedad y la muerte?

Esa pregunta conduce a otro escenario, tampoco propicio para el vicepresidente. Boudou es un extraño para el peronismo. Sus raíces políticas están en otro partido y en otra ideología. El único legislador que se pronunció sobre el tema, el senador Miguel Angel Pichetto, elogió la posición del radical Ricardo Gil Lavedra, que propuso que el Congreso siguiera los pasos de la Justicia y no al revés. Gil Lavedra no dijo nunca que Boudou es inocente.

Sin defensa

Ningún otro legislador peronista salió en defensa del vicepresidente. El resto de la oposición comienza a adoptar como propia la posición de Gil Lavedra: actuar después que haya decisiones concretas de la Justicia.

Incluso, Elisa Carrió ordenó a los suyos congelar el prematuro pedido de juicio político contra Boudou, ya hecho por legisladores de distintas fuerzas políticas, seguramente a la espera de entrever la reacción del peronismo, que controla la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El propio Boudou dio otro síntoma de su evidente debilidad. Acusó públicamente a la Justicia de haber sido comprada por intereses diversos y contradictorios, entre ellos los medios periodísticos. La versión es tan inexacta como inverosímil, porque muchos jueces responden sólo al Gobierno y a nadie más. Podría ser, sin embargo, la incipiente estrategia de un hombre acorralado.

Messi, de pie por favor.

Dos jugadas de Cristina para sostener el modelo - Por Carlos Pagni

Sigamos con Pagni.

Por Carlos Pagni | LA NACION

En los últimos días, Cristina Kirchner movió dos piezas clave de su tablero de poder. Puso bajo su control inmediato la fuerza pública y la caja del sindicalismo. En la Secretaría de Seguridad, un escalón debajo de Nilda Garré, designó a Sergio Berni. Y en la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye subsidios entre las obras sociales, ubicó a Beatriz Korenfeld. Berni y Korenfeld son "pingüinos" eternos, colaboradores de Néstor Kirchner desde los albores de su gestión santacruceña.

La confesión de Mercedes Marcó del Pont ante la Cámara de Diputados ayuda a entender esta jugada: "Si no recurrimos a las reservas, estamos obligados a un ajuste brutal". Hay que agradecer esa sinceridad, porque expone el principal desvelo de Cristina Kirchner: que la inclusión social que prometía el dichoso modelo de acumulación de matriz diversificada esté cada vez menos garantizada y, en consecuencia, comience a tambalearse el orden colectivo.

Para lidiar con la protesta de las organizaciones sociales o la indisciplina sindical, la señora de Kirchner ha decidido volver a las fuentes.

Korenfeld estuvo durante más de 10 años al frente de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz, adonde regresó en diciembre pasado, después de un intervalo como diputada nacional. Abandonó cuando desde Olivos ordenaron vaciar la gobernación de Daniel Peralta por la racionalización dispuesta en la provincia. El miércoles pasado, la Presidenta designó a Korenfeld en la APE para repartir las compensaciones a las obras sociales por las prestaciones de alto costo (tratamientos de VIH, cáncer, cirugías de alta complejidad, etc.). También eliminó la autonomía de la APE, ubicándola en la Superintendencia de Salud. Estos cambios limitan al ministro, Juan Manzur, que conducía el área a través del abogado Manuel Alves. Y liquidan la influencia del jefe de la CGT, Hugo Moyano, sobre esos fondos, ejercida a través de funcionarios de segunda línea. Korenfeld obedecerá a Cristina Kirchner sin mediación alguna.

Con esta intervención la Casa Rosada podría alcanzar varios objetivos. La APE ha estado contaminada con la "mafia de los medicamentos" que investigan, con poquísimos resultados, los jueces Norberto Oyarbide y Claudio Bonadio.

Korenfeld podría consumar una reforma que la Presidenta reclamó dos veces al interventor del PAMI, Luciano Di Cesare, en enero: que el Estado reemplace a las obras sociales en las contrataciones más caras. En algunos sindicatos celebran la idea, porque supone una reducción de costos. En otros temen que sea el primer paso de una estatización total del sistema.

Recaudación

Para varios gremialistas Cristina Kirchner se ha propuesto capturar un fondo nada despreciable en un momento en que el Tesoro atraviesa dificultades. La APE recauda unos $ 3000 millones por año, pero gasta alrededor de 2000 millones. La CGT viene reclamando la devolución del remanente acumulado, una cifra mágica que Hugo Moyano sitúa en $ 15.000 millones.

Con Korenfeld en la APE, la Presidenta podrá manipular el nervio económico del sindicalismo en un ciclo conflictivo: ella pretende que los acuerdos salariales se negocien con una pauta inferior a la inflación. La distribución de subsidios de la APE ha sido, desde que Carlos Menem encomendó la tarea a Luis Barrionuevo, la táctica más eficiente para ordenar a los gremialistas.

Carlos Zannini, el cerebro de la operación, pretende domesticar a la CGT. Intenta reunir a las distintas facciones sindicales para defenestrar a Moyano. La hipótesis de encolumnar a todo el movimiento obrero detrás del metalúrgico Antonio Caló es demasiado ambiciosa. Sobre todo porque el candoroso Caló inició la campaña levantando la bandera de la moderación salarial. Es cierto que su triunfo depende más de una orden de la Presidenta que de la simpatía de los trabajadores. Pero no hacía falta que quedara tan claro. La mansedumbre de Caló ha irritado a varios colegas y obligado a Zannini a cambiar estrategia. Ahora piensa volver al formato de un triunvirato (como aquel de Moyano, Lingieri, Rueda), que era el sueño de Kirchner hasta que el camionero le exigió el monopolio de la interlocución a cambio de la paz social. Para el geómetra Zannini, el nuevo triángulo se formaría con un representante del "moyanismo sin Moyano", por el que se postula el piadoso taxista Omar Viviani; Caló, por los independientes y "gordos", y un delegado de Luis Barrionuevo, con quien el secretario de Legal y Técnica ha tomado contacto. La aproximación a Barrionuevo demuestra hasta qué punto la docilidad de la CGT es una prioridad para el Gobierno.

La ruptura con Moyano, a quien ya ni el ministro de Planificación Julio De Vido atiende el teléfono, es un error político. El kirchnerismo apañó al camionero durante la bonanza, aceptando con estoicismo su imagen negativa, y lo alimentó hasta convertirlo en uno de los hombres más poderosos del país. Se suponía que era para contar con su solidaridad el día en que un ajuste se volviera inevitable. Ahora, con la llegada de ese día, lo despide y lo libera. Moyano, agradecido.

La jugada de Zannini tiene otra debilidad. El malestar de la CGT no se debe a la intransigencia de Moyano, que no se cansa de aclarar que está malhumorado porque la Presidenta no lo trata con cariño. El vínculo sindical está resintiéndose por el agotamiento de las condiciones económicas que permitieron el idilio. Si consigue reemplazar al camionero, Cristina Kirchner deberá tratar con una cúpula que pedirá lo mismo que Moyano: recursos para las obras sociales, reducción del mínimo no imponible de Ganancias, y aumento de las asignaciones familiares. Es decir: dinero del Tesoro. Todo un problema porque, como Juan Carlos Pezoa le explica todas las semanas, la recaudación está declinando, en especial porque caen los ingresos del IVA a las importaciones. A propósito: ¿hace cuánto no se oyen las trompetas que solían anunciar el superávit fiscal alcanzado?

Las restricciones fiscales que empañan la relación con los sindicalistas están en la raíz del incipiente descontento de las organizaciones sociales. No debería sorprender que, para enfrentar este problema, la Presidenta recurra a Berni. Este médico y mayor del Ejército, aficionado a las largas travesías en moto, que vive en el extremo sudoccidental de la Patagonia, sobre una loma desde la que se divisan los dos océanos, ha sido el encargado de lidiar con los cabecillas de las protestas callejeras desde que Kirchner gobernaba Santa Cruz. Inseparable de Alicia Kirchner, Berni fue, junto a Rafael Follonier, el negociador con los movimientos de desocupados entre 2003 y 2005. Reapareció en público con la toma del parque Indoamericano y, como por arte de magia, consiguió que los intrusos volvieran a sus casas. Berni es conocido por su astucia para administrar recursos materiales. En 2011 pasó a ocupar la vicepresidencia del Senado bonaerense, desde donde ejercía una suave vigilancia sobre Gabriel Mariotto.

Desde La Plata Berni regresó a la administración nacional. Pero no al mismo cargo. En vez de reinstalarse al lado de Alicia, fue destacado junto a Garré. Es posible que la Presidenta haya querido controlar a la ministra, que viene cometiendo un error tras otro. Pero el detalle no puede pasar inadvertido: el misericordioso Berni, que repartía beneficios entre los desamparados, ahora está al frente de las fuerzas de seguridad.

Tal vez sea un error presidencial en la administración de los recursos simbólicos. Pero la metamorfosis de Berni hace juego con otros detalles: la aprobación de una ley antiterrorista de límites difusos, la aparición de un plan de la Gendarmería para hacer inteligencia en los movimientos de protesta, y un endurecimiento verbal -el de Garré?que califica a la movilización callejera como una extorsión desestabilizadora. Es evidente que la estrategia social del kirchnerismo insinúa una inquietante regresión.

Control de la calle

La exclusión de Moyano y la ebullición piquetera tocan un problema de primera magnitud para una experiencia que se define como "nacional y popular": el control de la calle.

El camionero venía discutiendo con líderes del Movimiento Evita -Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro- algún procedimiento que dote a los movimientos sociales de una mayor organicidad. Es muy difícil esa convergencia con otra conducción en la CGT.

El diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay suele recordar que, la primera vez que Néstor Kirchner lo recibió en la casa de gobierno, lo tomó de un brazo y lo llevó a mirar por una ventana que da a la avenida Leandro Alem. "¿Ves esa gente protestando? Yo estoy acá para que ellos vuelvan a sus casas." Al cabo de casi nueve años el significado de esa anécdota recupera su formidable densidad.

La estrategia presidencial

• Sergio Berni
  Al designarlo segundo de Nilda Garré, la Presidenta tendrá un control inmediato sobre el Ministerio de Seguridad y la fuerza pública.

Beatriz Korenfeld
Tendrá a su cargo la Administración de Programas Especiales (APE), que distribuye los subsidios entre las obras sociales. Manejará una recaudación anual de $ 3000 millones.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1457807-dos-jugadas-de-cristina-para-sostener-el-modelo

Empiezan a agotarse las reservas políticas - Por Carlos Pagni

Sin desperdicio.

Por Carlos Pagni | LA NACION

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández explicó que su participación en el programa de Marcelo Longobardi que emite C5N fue interrumpida a pedido de funcionarios del Gobierno. El dueño del canal, Daniel Hadad, se cubrió diciendo que Longobardi no pudo completar la pregunta que estaba formulando porque se había excedido en el horario. El ciclo de Longobardi no fue reiterado a la madrugada, como de costumbre.

Las estrategias de censura del kirchnerismo son conocidas. Lo que está variando es la modalidad con que esa vocación autoritaria se pone en ejercicio. La torpeza que exhibió el Gobierno en el episodio de C5N se integra a una lista de desaciertos políticos que inquietan sobre todo a quienes la observan desde el seno del oficialismo.

Cristina Kirchner está tan preocupada por el desenlace de las paritarias que, por momentos, parece atribuir la inflación nada más que a los salarios. Sin embargo, dos de sus soldados, Amado Boudou y Julián Domínguez, incrementaron las dietas de los senadores y diputados en un 100%. Una alentadora señal de largada para el ciclo de negociaciones que iniciaban los sindicatos. ¿Se la habrán adelantado a la Presidenta?

Para facilitar la discusión del ministro Alberto Sileoni con los maestros, la Presidenta redujo la demanda gremial al capricho de unos ingratos que pretenden cobrar sin trabajar. La gaffe fue tan desafortunada que, por primera vez, subordinados como el propio Sileoni y Aníbal Fernández enmendaron a su jefa. El ministro de Educación tampoco está para dar lecciones. "Si cobraran 10.000 pesos, igual harían un paro", fue su aporte. De cualquier modo, las dificultades de esta negociación, que incomoda al kirchnerismo frente a su clientela de centroizquierda, excede la retórica: José de la Sota aumentó los ingresos de los maestros cordobeses en un 25%, es decir, 5,5 puntos más que lo que propone la Nación. ¿Qué explicará el ministro del Interior a su jefa?

El manejo de la crisis ferroviaria fue otra demostración de incompetencia. Cuando logró reaccionar, la Presidenta insinuó que, en el fondo, la del Sarmiento fue una desgracia con suerte, dado que ahora hay trabajo, no como en 2001, cuando la gente no se trasladaba porque no tenía adónde ir. Siguió la doctrina Schiavi, quien lamentó que el tren no se hubiera estrellado en un feriado. O la de Nilda Garré, cuando trató de justificar la demora en encontrar los restos de Lucas Menghini en que el joven viajaba en un sector inhabilitado. Julio De Vido coronó esta tercerización de responsabilidades culpando a los medios de comunicación por no contabilizar los pasajeros que, a diario, llegan vivos a destino.

Garré prestó también otros servicios. En un momento en que la desprotección a los pasajeros se había cobrado 51 vidas, tomó la decisión simbólica de retirar a la policía de los subtes. De paso dio una excusa a Mauricio Macri para deshacerse del servicio. Garré también se enredó con el Proyecto X. Desconoció las pruebas del espionaje, admitidas por el propio jefe de la Gendarmería. Y aclaró que el plan no era secreto. No hacía falta: llevaba diez días en la tapa de los diarios.

Guillermo Moreno no podía estar ausente de este torneo de impericias. Además de bromear con la muerte de Iván Heyn, tuvo la psicodélica ocurrencia de sumar a su comitiva de Angola a uno de los dueños de Black, el night club de Ayacucho y Alvear. Nadie supo descifrar si el socio de esa pyme, un abogado, viajó como exportador o importador. Sólo se sabe que Moreno le está agradecido por los dólares que sus incitantes empleadas aportan a la balanza comercial.

Ciccone

La desarticulación del oficialismo se exhibe, sobre todo, en el escándalo de Amado Boudou y sus amigos de Ciccone. A medida que aparecen sus huellas en la trama, al vicepresidente le va quedando chica la coartada "son infamias de los medios hegemónicos". Aparecen notas con su firma, fantasmagóricos correos electrónicos, y el riesgo de que salgan a la luz otras intervenciones personales. Acorralado, Boudou irritó a Olivos. Dijo que "hay una embestida destituyente", una explicación exclusiva de la Presidenta, para grandes ocasiones. No debía malgastarse en la crónica judicial de un subalterno.

La solidaridad con Boudou fue escasísima. Mercedes Marcó del Pont le decapitó a Benigno Vélez, su hombre en el Central. Florencio Randazzo debió aclarar que no era quien informaba a los "medios hegemónicos". Boudou no pudo convencer a Randazzo de colaborar con Ciccone como "fuente de trabajo". Los DNI y los pasaportes se confeccionan en otra imprenta.

El gabinete entero sabe, sin embargo, que el problema de Boudou no es Randazzo ni Marcó, sino Carlos Zannini. La rivalidad entre ambos lleva años, pero estalló recién ahora. Se disputan el oído de la Presidenta. Son celos palaciegos. Ella lo sabe. Por esa razón calla sobre los desaguisados de Boudou, mientras aclara que Zannini es sólo su abogado.

El affaire Boudou-Ciccone inauguró una nueva era en la comunicación oficialista. Hasta ahora a los juglares del Gobierno se les pedía sólo propaganda. En adelante deberán dar la cara por los funcionarios acusados de corrupción.

Con este inventario de equívocos, Aníbal Fernández y Carlos Caramello completarían un segundo tomo de Zonceras argentinas y otras yerbas. Pero el problema excede la literatura. Este vendaval de errores revela un déficit de conducción que se enmascara con el culto a la personalidad que demanda la Presidenta. Se entiende que ella extrañe cada día más a su esposo, organizador obsesivo de una arquitectura de poder en cuyo centro reinaba el apotegma "no hay que llevarle problemas a Cristina".

En su ausencia, ella habla cada vez más con menos gente. Su equipo íntimo se agota en Máximo Kirchner, Zannini y Héctor Icazuriaga. A las figuras con otra densidad, como en su momento fueron los Fernández, las reemplazó con Juan Manuel Abal Medina. Los ministros escuchan sus discursos en vilo, esperando el momento en que los sorprenda una decisión que afecta sus áreas. También deben someterse al patrullaje de La Cámpora. Y soportar las imposiciones de Moreno, que empuja una revolución en la que el primer blanco son sus propios compañeros.

La oposición, por su lado, ayuda poco. Una contradicción bien diseñada lograría que el Gobierno se amalgamara. Pero los conflictos se desarrollan en el seno de la corte. Algunos anticipan, borrosos, una guerra sucesoria. Garré, Boudou, Zannini se sueñan las Dilmas de una Cristina que, como Lula, engendre un heredero.

Curioso kirchnerismo. Hasta hace un mes, sus desafíos provenían de las inconsistencias económicas. Pero el avance sobre el Banco Central postergará un poco más las turbulencias. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta dificultades de otro orden. A pesar de su enorme poder, las reservas que comienzan a faltarle son políticas.

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