La situación judicial -y política- del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, podría decidirse en los próximos 30 o 60 días, dijeron fuentes judiciales con conocimiento de la causa sobre la ex Ciccone. En ese plazo, breve para los tiempos políticos, el juez Daniel Rafecas deberá recabar las pruebas, evaluarlas y decidir si llamará al vicepresidente a declaración indagatoria. Esta clase de citación judicial significa también que, luego de concretada la declaración, el juez está en condiciones de dictar el procesamiento del sospechoso. Si eso ocurriera, el vicepresidente tendrá en adelante dos opciones: renunciar o someterse al juicio político del Congreso.
Sobre Boudou confluyen la sospecha judicial y la indiferencia política. El peor de los mundos. La Justicia necesita acreditar todavía la vinculación entre el vicepresidente y los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica o de parte de ella. La decisión judicial de avanzar en la investigación pudo constatarse con un hecho que pasó casi inadvertido: el allanamiento en Mendoza de la casa donde vive la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, quien acusó a su ex marido de ser testaferro de Boudou. De esa manera, fue la Justicia la que accedió de manera directa a eventuales documentos probatorios contra Vandenbroele y Boudou.
Por el tono y el contenido de las cosas que dice Muñoz, ella misma hubiera llevado esos documentos a la Justicia. Pero el juez y el fiscal prefirieron limpiar la investigación de eventuales impurezas procesales. Si Muñoz hubiera aportado esas pruebas, los defensores de Boudou y de Vandenbroele hubieran pedido la nulidad de las pruebas aportadas por una esposa contra su marido.
El Código Procesal Penal es muy claro cuando les impide a los cónyuges denunciarse penalmente entre ellos. Ahora, es la Justicia la que se hizo directamente de esos documentos; no fue la esposa la que incriminó a su marido. Vandenbroele y Muñoz siguen siendo un matrimonio, porque la separación de hecho no se consumó todavía en un divorcio.
El otro elemento nuevo fue la noticia que dio cuenta de quiénes serían, en verdad, los dueños de una parte de la ex Ciccone, que LA NACION adelantó ayer. Son dos uruguayos, Fernando Castagno Schikendantz y Janine Gómez Suárez, con un largo historial de sospechas sobre Lavado de dinero en varios países, España entre ellos. Ambos aparecen como los titulares de una empresa, Dusbel SA, radicada en Montevideo.
"Montevideo está llena de empresas fantasmas que son de argentinos que quieren esconder su identidad", dijo un conocido político uruguayo. Por lo general, la sede de esas empresas son pequeñas oficinas, que se usan a la vez como sedes de otras numerosas empresas, como es en este caso.
Dos conclusiones
De ese dato se desprenden dos conclusiones que pegan muy cerca de Boudou. En primer lugar, la frivolidad política, por lo menos. La única prueba concreta y clara de una intervención personal de Boudou en el escándalo de la ex Ciccone es una carta del entonces ministro de Economía al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, recomendando que éste aceptara un plan de pagos de viejas deudas impositivas de la empresa. La impresora ya estaba en manos de The Old Fund SA, una parte de cuya propiedad es de aquellos uruguayos con fama de lavadores de dinero.
Boudou dijo públicamente que se interesó por el destino de la ex Ciccone para defender los puestos de trabajo. ¿Defender los puestos de trabajo de una empresa en condiciones de imprimir dinero y que entre sus propietarios tiene a personas sospechadas de lavar dinero?
El dinero lavado es siempre dinero de origen espurio. Venga de la corrupción, del tráfico de drogas o del contrabando. Castagno Schikendantz y Gómez Suárez no era recién llegados al mundo del lavado; sus nombres figuraron hace más de diez años en el célebre "informe Carrió" sobre la trama oculta del lavado de dinero.
La segunda conclusión es menos benévola que la primera. Las casualidades existen, pero no abundan. El caso Ciccone fue la segunda vez en la historia de la AFIP en la que este ente aceptó que se levantara un pedido de quiebra, hecho por la misma AFIP, sin que antes se hubiera saldado la deuda o se hubiera acordado un plan de pagos.
El plan de pagos vino después de que el juez decidió levantar la quiebra. Por primera vez en la historia, el jefe de la AFIP pidió por carta la opinión del ministro de Economía para acordar un plan de pagos con un moroso. Existió un interés desmesurado, inédito y llamativo de funcionarios del gobierno nacional (sobre todo del área económica, entonces bajo la jefatura de Amado Boudou) en la vieja Ciccone Calcográfica.
El infatigable trasiego de funcionarios para resolver la quiebra y la propiedad de Ciccone sucedió en las mismas semanas en que Néstor Kirchner mostraba signos evidentes de una definitiva fatiga de su salud.
Los aparentes nuevos dueños de Ciccone, Castagno Schikendantz y Gómez Suárez, accedieron a la propiedad de la empresa siete días después de la muerte del ex presidente. ¿Qué pensarán ahora la viuda y los hijos de aquella insensibilidad de los funcionarios frente a la enfermedad y la muerte?
Esa pregunta conduce a otro escenario, tampoco propicio para el vicepresidente. Boudou es un extraño para el peronismo. Sus raíces políticas están en otro partido y en otra ideología. El único legislador que se pronunció sobre el tema, el senador Miguel Angel Pichetto, elogió la posición del radical Ricardo Gil Lavedra, que propuso que el Congreso siguiera los pasos de la Justicia y no al revés. Gil Lavedra no dijo nunca que Boudou es inocente.
Sin defensa
Ningún otro legislador peronista salió en defensa del vicepresidente. El resto de la oposición comienza a adoptar como propia la posición de Gil Lavedra: actuar después que haya decisiones concretas de la Justicia.
Incluso, Elisa Carrió ordenó a los suyos congelar el prematuro pedido de juicio político contra Boudou, ya hecho por legisladores de distintas fuerzas políticas, seguramente a la espera de entrever la reacción del peronismo, que controla la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El propio Boudou dio otro síntoma de su evidente debilidad. Acusó públicamente a la Justicia de haber sido comprada por intereses diversos y contradictorios, entre ellos los medios periodísticos. La versión es tan inexacta como inverosímil, porque muchos jueces responden sólo al Gobierno y a nadie más. Podría ser, sin embargo, la incipiente estrategia de un hombre acorralado.
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