Mapa de medios luego de la venta de CN5 y Radio 10

Dejo el link explicativo.

http://www.lanacion.com.ar/1468628-otro-grupo-de-medios-en-manos-oficialistas

Estatizar sin estado - Por Luis Alberto Romero

La expropiación de YPF

Estatizar sin Estado

Por Luis Alberto Romero  | Para LA NACION

Expropiar YPF: otro golpe de efecto de un gobierno acostumbrado a gobernar a los golpes. Contiene la palabra mágica, "estatizar", y referida además a lo que fue el símbolo de los "odiados años 90": YPF. Una interpelación envenenada, dirigida al nacionalismo y al estatismo, fuertemente instalados en el imaginario, que probablemente cautive o atrape a la oposición. Ya lo hicieron otras veces.

Sin embargo, habría razones para desconfiar. Al fin, quienes instrumentaron la política de privatizaciones de los años 90 y la ratificaron en este siglo son los mismos que hoy aparecen como campeones de la estatización. Pero éste no es el centro del asunto. El verdadero problema es que el Estado, el sujeto de esta acción, está maltrecho, desarmado y sometido al Gobierno. YPF no está siendo estatizada: está siendo puesta en manos del Gobierno. El problema reside en el Estado actual, que está en situación miserable.
En otros tiempos, la Argentina supo tener un Estado potente, capaz de mantener orientaciones básicas, más allá de las oscilaciones de los sucesivos gobiernos. Mitre y Sarmiento echaron las bases institucionales, que perfeccionó Roca. Con Yrigoyen comenzó el interés social, que desarrolló Perón. En las tormentosas épocas posteriores, Frondizi, Illia y el segundo Perón tuvieron una idea del Estado como promotor de políticas sostenidas, orientadas al interés general.
YPF fue el emblema de ese Estado potente. La creó Yrigoyen, la construyó Mosconi, con Alvear, y la potenció Justo. Perón le abrió nuevas posibilidades y Frondizi se propuso llegar al autoabastecimiento, con la ayuda del capital extranjero. Pocas cosas fueron más emblemáticas de la nación integradora que YPF. Asociada con el Automóvil Club Argentino, aseguró el uso de la red caminera, pobló las rutas de servicios y de emblemas, y contribuyó a que todos construyéramos una imagen del país. Basta recordar los grandes premios de Turismo Carretera, transmitidos por radio. YPF fue una auténtica expresión del interés nacional.
El Estado potente tuvo, sin embargo, otra cara. Para impulsar objetivos generales, promovió y concedió franquicias, como los regímenes de promoción, que gradualmente devinieron en privilegios y prebendas. Para asegurar sus beneficios, los interesados colonizaron las oficinas del Estado, repartidas entre las corporaciones: la Sociedad Rural en Agricultura, los sindicatos en la CGT, los médicos en Salud Pública. En YPF, la corporación sindical expandió enormemente la planta de empleados y alimentó el déficit de la empresa y del Estado.
A mediados de los años 60, en medio de un descomunal conflicto distributivo, el Estado potente era a la vez el campo de batalla y el botín, permanentemente repartido: una resolución o un decreto significaban una ganancia o una pérdida importante.
El Estado y el país cambiaron mucho desde 1976; la Argentina próspera, vital y conflictiva se convirtió en un país decadente y empobrecido. La clave de la gran transformación estuvo en el Estado y su reforma. La dictadura militar recorrió los primeros tramos. Alfonsín hizo poco en este aspecto, pero el "segundo peronismo", que gobierna desde 1989, completó la tarea. Con discursos variados, pero con acciones parecidas o iguales.
La dictadura lanzó la consigna: "Achicar el Estado es agrandar la nación", que refleja el nuevo consenso en torno de las ideas neoliberales. Eliminaron a una parte de los prebendados -un sector industrial y la corporación sindical-, pero fortalecieron a la "patria financiera", a la "patria contratista" y a la "patria militar", que se sumó al festín. Contratistas y militares coincidieron en YPF, expoliada con la llamada "privatización periférica". La dictadura hizo mucho más: desmontó agencias, eliminó funcionarios competentes, limitó a las oficinas de control y corroyó la normatividad y la ética del funcionariado, contaminado por el Estado clandestino. Después de esta experiencia traumática, nada volvió a funcionar como antes.
En 1983, la democracia, con buenas intenciones, poco pudo hacer con un Estado debilitado y corroído. Alfonsín vio naufragar su módica política social de alimentación, salud y enseñanza. Tampoco colocó la reforma del Estado entre sus prioridades, por entendibles razones; no modificó los mecanismos prebendarios heredados, acordó con los "capitanes de industria", y cuando asumió el problema, ya era tarde para enfrentarlos y también para confrontar con el discurso nacional estatista, paradójicamente esgrimido por el peronismo que se aprestaba a retornar al poder.
Comenzó entonces el "segundo peronismo", que gobierna hasta hoy, salvo interrupciones menores. La crisis hiperinflacionaria le permitió a Menem realizar una importante concentración del poder institucional, con leyes de emergencia, renovadas hasta hoy, y decretos de necesidad y urgencia. Por otra parte, controló o desactivó las agencias estatales de control, avanzó sobre los jueces y conformó una Corte Suprema con mayoría asegurada. Así colocó al Estado en manos del gobierno.
Ese poder se usó para privatizar las empresas del Estado. El gobierno pudo echar mano de masas de ahorro social acumulado, cerrar el déficit fiscal y crear las condiciones para la convertibilidad y la renegociación de la deuda. Obtuvo buenos resultados en lo inmediato, aunque con consecuencias catastróficas para el futuro. Son excelentes ejemplos del estilo de gobierno del segundo peronismo.
Reducido y amputado, pero con capacidad para otorgar beneficios, el Estado fue presa fácil de los prebendados depredadores, congregados alrededor de la "carpa chica" de Menem. Con cada privatización se repartió una porción de despojos del Estado, y hubo una cantidad adicional para acallar las protestas. YPF se vendió por etapas; las áreas exploradas de explotación se repartieron entre petroleros amigos y las provincias petroleras recibieron las regalías. Un beneficio demasiado grande para que lo rechazara un gobernador consciente, como era Kirchner, entusiasta defensor de esta privatización.
El ciclo de los años 90 llevó a la formidable crisis de 2001 y a la aparición de nuevas demandas sociales, para las que Kirchner elaboró un discurso acorde: un Estado fuerte, que se planta frente a los monopolios. La sorpresiva transformación de las condiciones internacionales lo benefició con sólidos superávits del comercio exterior y fiscal. ¿Cuánto cambió la situación del Estado en esas nuevas condiciones?
Muy poco. Los Kirchner aprovecharon los recursos fiscales para profundizar la concentración del poder en el Gobierno. Avanzaron también en el ataque a las instituciones estatales de control. El emblemático caso del Indec indica que al Gobierno no le interesaba formular políticas de largo plazo. Los ejemplos son conocidos y llegan hasta el día de hoy. También mantuvo el rumbo en las prebendas. Los subsidios, sustentados en el superávit fiscal, benefician a los empresarios y a los funcionarios que los administran. En general, la tajada de los políticos creció, sin que nadie pueda controlarlos.
Todo esto confluyó en la etapa final de YPF. Mantener bajos los precios de los combustibles provocó un desajuste en la empresa. El Gobierno metió a un socio local, "experto en mercados regulados". Sólo cuando la caída de los superávits gemelos hizo trastabillar todo el armado, surgió la urgencia del día: además de alimentar tantos bolsillos privados, YPF debe producir petróleo. Lo único que se les ocurrió fue estatizarla. Como Aerolíneas.
Parecidos en tantas cosas, los gobiernos de Menem y de los Kirchner tuvieron una diferencia importante: en un caso el discurso público fue neoliberal y privatizador y en otro caso fue estatista y populista. Pero hicieron lo mismo con distintos argumentos. Peor aún, encontraron la forma de avanzar en la concentración del poder y en el prebendarismo privatizando primero y estatizando después. Siempre en beneficio de los gobernantes y a costa del Estado.
El país tiene hoy su Estado astillado y fragmentado, gobernado por un grupo de personas que se dedica sistemáticamente a seguir arruinándolo. Cuando tiene necesidad de legitimidad o conformidad, recurre a la ficción del viejo Estado potente: el de la administración confiable, los procedimientos, los controles y hasta las políticas de largo plazo. Muchos se dejan engañar por las palabras y creen que la estatización de YPF remite a ese Estado y no a los Kirchner y De Vido. No es así. No sé qué cosa mejor se puede hacer hoy con YPF. Pero estoy convencido de que quienes quieren pensar una alternativa para el país, deben encarar, en primer lugar, la cuestión de la reconstrucción del Estado.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1465871-estatizar-sin-estado

Debajo de la gesta patriótica asoman varias falacias - Por Carlos Pagni

Sin desperdicio.

Cristina Kirchner se envolvió ayer en la bandera de la soberanía para anunciar que YPF volverá a estar bajo el control del Estado. El auditorio se electrizó. Es lógico: pocas consignas movilizan más la emotividad nacionalista de la opinión pública que la de "recuperar el petróleo para los argentinos". En el caso de esta empresa, el motivo de exaltación es doble, ya que no sólo lo privado se vuelve público; también lo extranjero se convierte en nacional.

La confiscación de los fondos de las AFJP fue una mueca intrascendente al lado de esta reconquista. La apropiación de YPF refuerza un prejuicio tan arraigado como discutible: la idea de que el progreso social está determinado por la posesión de recursos naturales. Esta es la razón por la cual la saga de ayer sólo sería comparable, para quienes la bendicen, a la reconquista de las Malvinas. Tiene bastante sentido que la Presidenta haya dado este paso cuando el ciclo económico, con sus señales de agotamiento, la obliga a recrear el consenso en torno de su figura.

Convendría, sin embargo, no dejarse atrapar por esta primera trampa retórica. La propiedad estatal de los hidrocarburos no es un dogma de fe ni siquiera para quienes la sacralizan. Cristina Kirchner avaló la privatización de YPF en los años 90. Y su secretario general, Oscar Parrilli, la defendió en la Cámara de Diputados el 23 de septiembre de 1992, cuando dijo: "La transformación de YPF [en empresa privada] va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem".

No debe sorprender que estos dirigentes se contradigan al cabo de dos décadas. El discurso que Cristina Kirchner pronunció ayer no resiste el archivo de hace seis meses. Presentó la gestión energética que ella y su esposo lideraron durante nueve años como una herencia maldita que debe ser abandonada. Sólo en un país que carece de competencia política un mandatario puede autoincriminarse sin costo alguno, como lo hizo ayer la Presidenta, al explicar la caída vertical en la producción de petróleo y gas que se registra durante su administración. En la Casa Rosada se exhibió ese power point de la decadencia energética. Y el auditorio volvió a electrizarse.

Es una segunda falacia en la que no habría que caer: la que reduce las causas de la escasez de hidrocarburos a la falta de inversiones de YPF. El desabastecimiento energético se debe a que la gestión del Gobierno desalentó la producción. El insuficiente compromiso de la principal petrolera fue un capítulo de esa gestión, presentado como la "argentinización de YPF".

La política hiperconsumista del kirchnerismo tuvo una viga maestra en el congelamiento de las tarifas energéticas. Por ejemplo: mientras al productor local de gas se le reconocen US$ 2 por millón de BTU, al de Bolivia se lo remunera con US$ 10, y al de Qatar, con US$ 15. Es un estímulo a llevar las inversiones al exterior. Por esta razón se dispararon las importaciones de combustibles hasta sumas que el Estado no puede afrontar. Es uno de los factores principales de la falta de dólares que obliga a Guillermo Moreno a cerrar la economía. Los Kirchner lo hicieron.

La política oficial hacia YPF agudizó este problema. La Presidenta y su esposo forzaron el ingreso de la familia Eskenazi en una argentinización que ahora forma parte del legado envenenado que el kirchnerismo recibió de sí mismo. Los Eskenazi, "expertos en mercados regulados" a los que nadie conocía en el mundo del petróleo, pagarían el 25% de YPF con dividendos de YPF. El método implicaba la desviación de recursos productivos al pago de la deuda. Fue una ingeniería ideada por Kirchner, quien, además, colocó a sus amigos al frente de la gestión de la empresa.

El proyecto que ingresó ayer al Senado establece la estatización del 51% de las acciones de Repsol. Es decir: los Eskenazi seguirán siendo accionistas. Salvo que no puedan saldar sus compromisos, en cuyo caso su parte pasaría al poder de los bancos y de Repsol, que los financiaron. En mayo tienen un vencimiento por US$ 500 millones. ¿Les permitirán Julio De Vido y Axel Kicillof afrontarlo con dividendos? En los bancos acreedores hay preocupación.

Repsol aprovechó las ventajas otorgadas a los Eskenazi para girar dividendos a España. ¿Por qué lo hizo? ¿Sus ejecutivos no comprenden el propio interés y deciden no ganar dinero? ¿O fue la respuesta al desaliento a la inversión? A pesar de esto, la empresa destinó más recursos a YPF por los descubrimientos de shale gas de los últimos dos años.

La producción

Será interesante comprobar cómo, con la misma política de precios, De Vido y Kicillof consiguen producir más petróleo y gas que los privados. Salvo que su intención sea otra: utilizar recursos de YPF para pagar las importaciones de combustibles, que este año representan US$ 14.000 millones. Es lo que el 27 de diciembre Cristina Kirchner pidió a su ex amigo Sebastián Eskenazi. De ser así, el objetivo de la patriótica estatización de ayer sería cubrir un agujero fiscal. Nada que deba extrañar: cuando estos mismos actores privatizaron la empresa lo hicieron para equilibrar las cuentas del Estado.

Es posible que la Presidenta no sea tan cortoplacista y que esté observando los formidables recursos no convencionales ( shale gas y tight oil ) descubiertos en los últimos cinco años. El yacimiento Vaca Muerta, de YPF, podría valer US$ 250.000 millones en menos de una década. No sólo el Gobierno: también empresarios locales miran ese activo con codicia.

Para convertir esa riqueza potencial en reservas harían falta inversiones de alrededor de US$ 25.000 millones. El fisco no las puede afrontar. ¿Habrá inversores privados dispuestos a hacerlas? La estatización conspira contra ese objetivo. No porque el sector público haya avanzado sobre el privado, sino porque lo hizo al margen de la ley. La Presidenta, que hizo ayer una profesión de fe en el derecho societario, dispuso la adquisición del 51% de YPF sin realizar la oferta por el 100% que prevé el estatuto. Por esto a los inversores internacionales el jolgorio de ayer les evocó otra fiesta: la del Congreso vivando a Adolfo Rodríguez Saá por el anuncio del default.

Es la última trampa en la que no habría que caer: la de optar entre público y privado. Una gestión estatal podría superar en mucho la performance de Eskenazi en YPF. Pero los antecedentes del kirchnerismo no inspiran esperanza. Durante los años en que manejó las finanzas de Aerolíneas, Kicillof no pudo presentar un solo balance. Y fue necesario que el Estado lo auxiliara con un 50% más que lo que él mismo le pedía en cada presupuesto.

Entre los funcionarios con los que De Vido desembarcó ayer en YPF estaba Exequiel Espinosa. Es el presidente de Enarsa, la compañía estatal que creó Néstor Kirchner. Desde hace nueve años Enarsa tiene la exclusividad de las exploraciones off shore. No se le conoce un solo trabajo. Se dedicó a importar combustibles. Es evidente: el kirchnerismo ya tenía una empresa del Estado. Lo que todavía no había descubierto es la soberanía nacional.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1465659-debajo-de-la-gesta-patriotica-asoman-varias-falacias

Más quejas por las restricciones al ingreso de libros importados

Nota abajo:

Las restricciones al ingreso de libros y revistas impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, provocaron una fuerte polémica porque obligan a los particulares que compran publicaciones en el exterior a buscarlas en Ezeiza y a editoriales y librerías a recurrir a un servicio de despachante de aduana para los pedidos inferiores a 50 kilos y 1000 dólares.
Hasta la entrada en vigor de la curiosa normativa, una persona podía comprar un libro, por ejemplo, en Amazon y el servicio de correo privado acercaba el ejemplar hasta el domicilio. Ahora el comprador deberá ir hasta Ezeiza y esperar una autorización para llevarse lo que compró. En Aduana deberían chequear que la tinta de las publicaciones no contenga cantidades de plomo superiores al 0,05 y el 0,06% en su composición química.
Nadie sabe cómo ni cuánto tiempo podría demorar ese tipo de análisis, que fueron adjudicados al laboratorio TUV Reinhald.
Desde Santa Fe, el investigador emérito del Conicet, ex titular del Parque Tecnológico Litoral Centro y docente de la UNL Alberto Cassano ya siente en carne propia el faltante de libros científicos en inglés en las librerías de todo el país. "Yo necesito esos libros para continuar mis investigaciones y recientemente, por un envío de una docena de libros que adquirí por Internet, la Aduana de Santa Fe me cobró un recargo del 50 por ciento. Terminé pagando unos 4000 pesos", comentó a LA NACION.
En este contexto, escritores e intelectuales argentinos manifestaron su preocupación por el avance de este tipo de medidas que limitan el acceso a bienes culturales.
El grupo de intelectuales de Plataforma 2012 criticó con cierta ironía la medida, al sostener que las prevenciones que aduce la Secretaría de Comercio Interior para tomar tal medida se refieren a que las tintas usadas en la impresión pueden contener más de 0,06% de plomo y que, por lo tanto, pueden ser peligrosas para la salud de la población. "Causa estupor que el mismo gobierno que acepta la utilización de sustancias químicas contaminantes en la megaminería a cielo abierto alegue ahora razones de índole sanitaria para tomar una medida tan engañosa como falsa", dijo este grupo, integrado por Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh, Luis Felipe Noé, Maristella Svampa y Herman Schiller, entre otros. "Sería bueno escuchar qué opinan de estos acontecimientos los ministros de Educación, de Ciencia y Tecnología y el director de la Biblioteca Nacional, entre otras áreas directamente afectadas por las medidas", agregaron lo intelectuales.
El ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, calificó la medida como "inconducente" y pidió a Moreno que "reflexione" para dar marcha atrás con las limitaciones, al opinar que "estamos en un límite muy complicado".
Consultada por los efectos de la normativa, la gerenta de la Cámara Argentina del Libro, Diana Segovia, dijo que la nueva disposición es "fuerte porque afecta a los particulares; en el comercio grande es relativamente poco el impacto pero en la percepción es enorme porque ahora un particular no puede recibir su libro o revista como siempre", expresó a LA NACION. En esa Cámara, de todos modos, relativizaron los efectos negativos de las nuevas exigencias comerciales porque las grandes editoriales firmaron un convenio con Moreno para poder importar en la posición arancelaria 4901 a cambio de que también se hagan exportaciones.
La escritora María Rosa Lojo no dudó en calificar esta medida de "mala noticia". "Para quienes nos movemos en el mundo de la letra impresa es una mala noticia, en tanto afecta directamente a los pequeños compradores y consumidores. Obligar a concurrir a Ezeiza personalmente a un escritor o un investigador que ha adquirido por Amazon un libro o una revista académica no va a solucionar el problema de la balanza comercial, y sí va a entorpecer, en cambio, el desarrollo de una investigación que necesita los libros como insumos", opinó.
Por su parte, Leila Guerriero, periodista y autora, se preguntó por las consecuencias prácticas de esta medida. "¿Los suscriptos a revistas extranjeras tendrán que peregrinar una, dos o tres veces por mes a Ezeiza a retirar ejemplares?" Guerriero recibe varios envíos por mes de libros y revistas: "Lo que antes era expectativa ahora será un regalo envenenado: nadie dispone del tiempo (ni de los recursos) para hacer un viaje caro, largo, que tomará horas. Las consecuencias son claras: recibir libros empezará a ser un problema", dijo.
POSTERGAN EL ACUERDO CON TARINGA!
El acuerdo que iba a rubricar ayer la Cámara Argentina del Libro con el sitio Taringa! para frenar la piratería de textos en Internet fue postergado por una reunión sobre las limitaciones en la compra de libros al exterior. El convenio será firmado por ambas partes en los próximos días. "Es un acuerdo para trabajar en dar de baja del sitio contenidos con derecho de autor protegidos; es un servicio para proteger a las editoriales y los autores", dijo la gerenta de la Cámara, Diana Segovia. Aunque Segovia no lo mencionó, las editoriales accederían a desistir de las demandas judiciales contra Taringa!.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1460189-mas-quejas-por-las-restricciones-al-ingreso-de-libros-importados

La "filosofía del lenguaje" K - Por Beatriz Sarlo

Excelente nota.

Por Beatriz Sarlo | Para LA NACION

Hace pocos días, un amigo (joven, pero no kirchnerista) me envió el enlace a un fragmento de discurso presidencial. Lo acompañaba sólo con un adjetivo entre irónico y escandalizado: "Dantesco". Quiero compartir ese enlace:



Son tres minutos sobre los subtes. Tiene razón la Presidenta cuando afirma que el traspaso de los subtes no hubiera debido ser judicializado por Macri. Tiene razón al señalar que otras medidas cautelares se interpusieron ante resoluciones de gobierno y leyes votadas en el Congreso, como si la Argentina tuviera en su horizonte una república de jueces. Es diferente recurrir a la Corte por la inconstitucionalidad de un fallo que atiborrar los tribunales de medidas cautelares.

Además de estas observaciones, la Presidenta no puede evitar las notas de color, que usa cada vez con más desparpajo, con la creencia de que nadie está a su altura para discutirle y que nadie tiene legitimidad para hacerlo. Salvo los medios, pero ya se sabe qué son los medios: una fachada de negocios mal habidos, tan distintos de los empresarios amigos, esos verdaderos capitalistas de riesgo que juegan sus fortunas en las empresas para dinamizar el mercado de trabajo. Y, para peor, ahora han aparecido, según la Presidenta acaba de revelarnos en un sagaz giro hermenéutico, un par de periodistas filonazis.

En el video que comento, la Presidenta recurrió a un hit del federalismo antiporteño: los argentinos no tienen que pagarle a Buenos Aires sus lujos. Lo que dice Cristina Kirchner instala una revulsiva simetría con las afirmaciones de Macri de que a los hospitales porteños viene a tratarse la gente del Gran Buenos Aires, o que el Indoamericano estaba lleno de extranjeros. Por un lado, federalismo trucho; por el otro, bajo tenor social. Que Macri sea espontáneamente poco sensible a los pobres no habilita a la Presidenta para salir a dar patadas.

Después de la doctrina antiporteña, la Presidenta, por teleconferencia, se dirige a una mujer en La Quiaca (a la que tutea sin conocer, como lo hacen las señoras acomodadas con los pobres de provincia): "Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez a algún subte?". "Hasta ahora no", responde Salustriana, entre risas y aplausos de los funcionarios de la platea porteña. La Presidenta sigue: "Yo voy a ir a La Quiaca y después te venís conmigo en el Tango 01 y vamos a dar una vuelta en subte". Salustriana: "A nosotros nos hacen falta otras cosas". A la Presidenta también: por ejemplo, dar una vuelta en subte a las nueve de la mañana, con De Vido de acompañante. No tiene la obligación de hacerlo. Pero, entonces, que no diga bravuconadas.

Si se le preguntara a Salustriana: ¿necesita Aerolíneas Argentinas?, también diría que antes precisa otras cosas, por ejemplo un tren eficiente que permita que sus familiares la visiten pagando un pasaje razonable. ¿Por qué Cristina Kirchner no viaja en tren con Salustriana desde La Quiaca, si tal expedición es posible? Interrogada libremente, Salustriana también diría que no necesita que se gaste plata en ese avión presidencial, ni en las visitas de la Presidenta al G20 ni en armar un museo de efemérides en la Casa de Gobierno ni en Artépolis, que Cristina acaba de anunciar. Usar a Salustriana como argumento de cómo debe diseñarse un sistema de transporte (o un proyecto cultural) es un golpe bajo, de populismo demagógico.

Desde la extrema necesidad, todo es prescindible. Por eso, la política tiene en la asignación de recursos una función principal. Sin embargo, nadie discute la asignación de recursos de la Presidenta. Para ella sólo hay vía libre. Y ha encontrado, en estos días, a un inesperado émulo: el gobernador Bonfatti, de Santa Fe, asignó más de cuatrocientos mil pesos para un recital en su provincia. ¿Qué diría la Salustriana del norte santafecino si algún periodista del oficialismo la interrogara?

Salustriana no es libre cuando le contesta a la Presidenta. Su autonomía está sujeta por la necesidad material y por la inconmensurable distancia que la separa de esa señora emperifollada que la interpela por teleconferencia. Claramente, Salustriana necesita servicios diferentes de los de un subte, que sería un artefacto de otro planeta en La Quiaca o en cualquier otra ciudad del mundo de esas dimensiones.

Pero la autonomía de Salustriana está afectada porque no tiene libertad para contestar a la Presidenta de un modo diferente. Ni aunque quisiera hacerlo, ni aunque quisiera decirle que ella tampoco necesita que el Gobierno invierta millones en decorar el edificio de Obras Públicas con un póster gigantesco de Eva Perón, cuya maqueta está detrás de la Presidenta. Salustriana no podría decirlo. Muy pocas personas están en condiciones de refutarle algo, cara a cara, a un presidente. Por eso, un presidente abusa de su poder cuando disimula el lugar del irrefutable. Como Cristina frente a Salustriana, hace un gesto del más tradicional paternalismo.

La Presidenta tiene dos estrategias discursivas: el silencio y el monopolio. Lo que se llama "el relato" depende de estas estrategias y no al revés.

Los acontecimientos que se consideran desfavorables y sobre los que no se tiene preparada una argumentación merecen el silencio. Cristina Kirchner atribuye al lenguaje el poder de producir los acontecimientos. Lo que se nombra, automáticamente, pasa a existir: abracadabra. La palabra "inflación" hace subir los precios. A la inversa, lo que no se nombra no existe. El lenguaje produce la realidad, que puede ser narrada, descripta, aludida, metaforizada. Es decir que no se trata sólo de "relato", como se insiste habitualmente. Hay algo anterior a cualquier relato, una fuerza que funda o destituye la realidad.

Según la filosofía del lenguaje K, la lengua es mágica. Por lo tanto, tiene que ser sólo propiedad de la Presidenta, ya que los poderes de enunciar o silenciar tendrían siempre efectos materiales. El unicato cristinista es, en primer lugar, un unicato de enunciación. Muchas veces me he preguntado por qué razón, ya que ella no habla con el periodismo, no existen emisores del tipo de Alberto Fernández, que cumplían esa función de amistoso off the record hasta 2008. Mi pregunta es irrelevante porque Cristina trajo una novedad: todos los lugares desde donde se habla han colapsado menos uno, el que ella ocupa todos los días, porque esa realidad fundada en el lenguaje corre riesgos en ausencia de su discurso, que es el único que garantiza la existencia. Hasta sacó del Gabinete al chistoso Aníbal Fernández, que reproducía en carbónico los humores presidenciales, porque, al emitir esas reproducciones, no se respetaba el unicato de la enunciación. ¿Quién le conoce la voz a Abal Medina? ¿Quién escuchó alguna vez al taciturno Máximo?

Estas cuestiones discursivas son directamente políticas. La "filosofía del lenguaje" K arma sistema con una concepción del poder unificado; es antipluralista y discrecional. Se puede acordar con muchas medidas tomadas por la Presidenta. Es posible, incluso, coincidir con muchos de sus motivos o diagnósticos. Pero no es posible disentir: toda contradicción es un ataque y todo ataque se personaliza.

Cada vez que alguien recuerda la forma secreta en que Boudou fue elegido vicepresidente, las consecuencias del unicato podrían convertirse en lección práctica sobre las conveniencias de un juego más abierto. Nadie pide que Cristina Kirchner se convierta en una demócrata a la uruguaya. Eso va contra sus reflejos y probablemente también contra un estilo argentino, dado a atropellar, que los votantes no han rechazado últimamente. El unicato lo ejerce una personalidad política autocentrada, desconfiada de cualquier pluralismo, hipersensible a las críticas, renuente al diálogo salvo con sujetos ausentes o en estado de dependencia. Los diferentes relatos pueden cambiar, lo que se mantiene estable es el lugar desde donde Cristina los enuncia. Ese es el núcleo duro e inabordable del poder. Todo lo que queda por hacer es desear que no se equivoque.

Acá el link: http://www.lanacion.com.ar/1456937-la-filosofia-del-lenguaje-k

Pauta oficial: ¿A quién beneficia Cristina Kirchner? ¿Y Macri? ¿Y Scioli?

Una buena nota ilustrativa.

Link: http://www.lanacion.com.ar/1458182-pauta-oficial-a-quien-beneficia-cristina-kirchner-y-macri-y-scioli

Síntomas de un hombre acorralado -Por Joaquin Morales Solá

Columna interesante sobre el caso Boudou.

Por Joaquín Morales Solá | LA NACION

La situación judicial -y política- del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, podría decidirse en los próximos 30 o 60 días, dijeron fuentes judiciales con conocimiento de la causa sobre la ex Ciccone. En ese plazo, breve para los tiempos políticos, el juez Daniel Rafecas deberá recabar las pruebas, evaluarlas y decidir si llamará al vicepresidente a declaración indagatoria. Esta clase de citación judicial significa también que, luego de concretada la declaración, el juez está en condiciones de dictar el procesamiento del sospechoso. Si eso ocurriera, el vicepresidente tendrá en adelante dos opciones: renunciar o someterse al juicio político del Congreso.

Sobre Boudou confluyen la sospecha judicial y la indiferencia política. El peor de los mundos. La Justicia necesita acreditar todavía la vinculación entre el vicepresidente y los nuevos dueños de la vieja Ciccone Calcográfica o de parte de ella. La decisión judicial de avanzar en la investigación pudo constatarse con un hecho que pasó casi inadvertido: el allanamiento en Mendoza de la casa donde vive la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, quien acusó a su ex marido de ser testaferro de Boudou. De esa manera, fue la Justicia la que accedió de manera directa a eventuales documentos probatorios contra Vandenbroele y Boudou.

Por el tono y el contenido de las cosas que dice Muñoz, ella misma hubiera llevado esos documentos a la Justicia. Pero el juez y el fiscal prefirieron limpiar la investigación de eventuales impurezas procesales. Si Muñoz hubiera aportado esas pruebas, los defensores de Boudou y de Vandenbroele hubieran pedido la nulidad de las pruebas aportadas por una esposa contra su marido.

El Código Procesal Penal es muy claro cuando les impide a los cónyuges denunciarse penalmente entre ellos. Ahora, es la Justicia la que se hizo directamente de esos documentos; no fue la esposa la que incriminó a su marido. Vandenbroele y Muñoz siguen siendo un matrimonio, porque la separación de hecho no se consumó todavía en un divorcio.

El otro elemento nuevo fue la noticia que dio cuenta de quiénes serían, en verdad, los dueños de una parte de la ex Ciccone, que LA NACION adelantó ayer. Son dos uruguayos, Fernando Castagno Schikendantz y Janine Gómez Suárez, con un largo historial de sospechas sobre Lavado de dinero en varios países, España entre ellos. Ambos aparecen como los titulares de una empresa, Dusbel SA, radicada en Montevideo.

"Montevideo está llena de empresas fantasmas que son de argentinos que quieren esconder su identidad", dijo un conocido político uruguayo. Por lo general, la sede de esas empresas son pequeñas oficinas, que se usan a la vez como sedes de otras numerosas empresas, como es en este caso.

Dos conclusiones

De ese dato se desprenden dos conclusiones que pegan muy cerca de Boudou. En primer lugar, la frivolidad política, por lo menos. La única prueba concreta y clara de una intervención personal de Boudou en el escándalo de la ex Ciccone es una carta del entonces ministro de Economía al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, recomendando que éste aceptara un plan de pagos de viejas deudas impositivas de la empresa. La impresora ya estaba en manos de The Old Fund SA, una parte de cuya propiedad es de aquellos uruguayos con fama de lavadores de dinero.

Boudou dijo públicamente que se interesó por el destino de la ex Ciccone para defender los puestos de trabajo. ¿Defender los puestos de trabajo de una empresa en condiciones de imprimir dinero y que entre sus propietarios tiene a personas sospechadas de lavar dinero?

El dinero lavado es siempre dinero de origen espurio. Venga de la corrupción, del tráfico de drogas o del contrabando. Castagno Schikendantz y Gómez Suárez no era recién llegados al mundo del lavado; sus nombres figuraron hace más de diez años en el célebre "informe Carrió" sobre la trama oculta del lavado de dinero.

La segunda conclusión es menos benévola que la primera. Las casualidades existen, pero no abundan. El caso Ciccone fue la segunda vez en la historia de la AFIP en la que este ente aceptó que se levantara un pedido de quiebra, hecho por la misma AFIP, sin que antes se hubiera saldado la deuda o se hubiera acordado un plan de pagos.

El plan de pagos vino después de que el juez decidió levantar la quiebra. Por primera vez en la historia, el jefe de la AFIP pidió por carta la opinión del ministro de Economía para acordar un plan de pagos con un moroso. Existió un interés desmesurado, inédito y llamativo de funcionarios del gobierno nacional (sobre todo del área económica, entonces bajo la jefatura de Amado Boudou) en la vieja Ciccone Calcográfica.

El infatigable trasiego de funcionarios para resolver la quiebra y la propiedad de Ciccone sucedió en las mismas semanas en que Néstor Kirchner mostraba signos evidentes de una definitiva fatiga de su salud.

Los aparentes nuevos dueños de Ciccone, Castagno Schikendantz y Gómez Suárez, accedieron a la propiedad de la empresa siete días después de la muerte del ex presidente. ¿Qué pensarán ahora la viuda y los hijos de aquella insensibilidad de los funcionarios frente a la enfermedad y la muerte?

Esa pregunta conduce a otro escenario, tampoco propicio para el vicepresidente. Boudou es un extraño para el peronismo. Sus raíces políticas están en otro partido y en otra ideología. El único legislador que se pronunció sobre el tema, el senador Miguel Angel Pichetto, elogió la posición del radical Ricardo Gil Lavedra, que propuso que el Congreso siguiera los pasos de la Justicia y no al revés. Gil Lavedra no dijo nunca que Boudou es inocente.

Sin defensa

Ningún otro legislador peronista salió en defensa del vicepresidente. El resto de la oposición comienza a adoptar como propia la posición de Gil Lavedra: actuar después que haya decisiones concretas de la Justicia.

Incluso, Elisa Carrió ordenó a los suyos congelar el prematuro pedido de juicio político contra Boudou, ya hecho por legisladores de distintas fuerzas políticas, seguramente a la espera de entrever la reacción del peronismo, que controla la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El propio Boudou dio otro síntoma de su evidente debilidad. Acusó públicamente a la Justicia de haber sido comprada por intereses diversos y contradictorios, entre ellos los medios periodísticos. La versión es tan inexacta como inverosímil, porque muchos jueces responden sólo al Gobierno y a nadie más. Podría ser, sin embargo, la incipiente estrategia de un hombre acorralado.