Es imposible que Cristina Kirch- ner se refiera a los medios de comunicación sin despotricar por las dificultades que encuentra frente a su principal objetivo: la reducción del Grupo Clarín. Por esa razón, hace tres semanas impartió una instrucción para terminar con lo que, para ella, son dilaciones derivadas de una conspiración mediática y judicial. A partir del 7 de diciembre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no sólo deberá revocar al holding de Héctor Magnetto las licencias que excedan el cupo establecido por la nueva ley de servicios audiovisuales. También deberá entregar a competidores de Clarín la infraestructura de las empresas de las que ese grupo deba desprenderse. En el caso de Cablevisión, la transferencia incluye a los abonados. Para justificar esta cirugía se dirá que, por los artículos 85 y 113 de la norma, el Estado debe garantizar la regularidad y continuidad de las emisiones.
También en Clarín se sienten víctimas de un complot mediático y judicial. Es el que llevarían adelante los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila para terminar de instalar en Cablevisión a un interventor afín, que conduzca la jibarización de la empresa según las pautas del Gobierno. Manzano y Vila aspiran a quedarse con algunos de los activos a los que tenga que renunciar Clarín.
El 7 de diciembre es el límite que fijó la Corte Suprema para el amparo que el juez Eduardo Carbone concedió a Clarín hasta que se defina si el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión, es constitucional. Si la Justicia no se expide antes de esa fecha, la medida cautelar quedará anulada. Como Carbone se jubiló, el concurso del que surgirá su reemplazante se ha convertido en una batalla crucial para esta guerra.
Los expertos en radiodifusión coinciden en que, si no hay un pronunciamiento judicial de fondo, el 7 de diciembre se activarán los plazos para adecuar el número de licencias, que tomarían otro año. La Presidenta, en cambio, instruyó a la Afsca para que revoque las licencias y transfiera los activos ese mismo día.
Cristina Kirchner se ufanará de estar brindando un homenaje a la democracia. Está convencida de que Magnetto es el cerebro de una operación destituyente. (Incógnita: ¿a qué va a atribuir sus desventuras cuando ese genio maligno sea reducido?)
Sin embargo, la imagen de una administración que arrasa con las garantías de la prensa terminará de consolidarse. El debate se plagará de referencias a Hugo Chávez, que también retiró la licencia e incautó los activos de la cadena Radio Caracas Televisión, bajo acusaciones de golpismo. Aunque el peronismo no necesita de la experiencia bolivariana para encontrar antecedentes. Dispone de ellos en su propia tradición.
Los funcionarios que venían negociando con los medios las pautas de la desinversión suspendieron las conversaciones. El 19 de julio pasado intimaron a las empresas a informar su composición accionaria y el número de permisos para operar. Fue un requerimiento muy tardío, ya que sólo Clarín consiguió un amparo judicial. Los demás deberían haberse adecuado a la ley el último 28 de diciembre. La demora demuestra lo obvio: la única desinversión con la que sueña el Gobierno es la de ese grupo. Esta arbitrariedad es un regalo que acaso Magnetto no esperaba. La propia señora de Kirchner alimenta la tesis según la cual ella no pretende garantizar la pluralidad de voces, sino desguazar una empresa "enemiga".
Licencias
Para doblegar a Clarín el kirchnerismo puso en la mira a Cablevisión, que representa el 60% de los ingresos de ese emporio. La empresa controla 158 licencias de TV por cable, 134 más de las permitidas. La Presidenta quiere que se deshaga de ellas cuanto antes. Pero pretende evitar un apagón que la enemiste con la audiencia. No quiere que se repita lo que sucedió a Julio De Vido en agosto de 2010, cuando anunció que "Fibertel no existe" y que, por lo tanto, los usuarios debían buscarse otro proveedor. Como esa alternativa tampoco existía, sólo consiguió la antipatía de los internautas.
Santiago Aragón, el titular de la Afsca, tiene instrucciones de entregar infraestructura y abonados de Cablevisión a los competidores de cada zona. Aunque los convierta en monopólicos. Ejemplos: Telecentro, de Alberto Pierri, en el área metropolitana; Tele Imagen, de Néstor Ick, en Santiago del Estero; Supercanal, de Vila y Manzano, en Santa Fe. A esos recipiendarios se les exigirá, claro, dejar de emitir Todo Noticias.
La señora de Kirchner eligió como socio a Manzano para esta batalla decisiva. Quedó demostrado el 20 de diciembre pasado, cuando la Gendarmería irrumpió en la sede porteña de Cablevisión para hacer cumplir una orden del juez mendocino Walter Bento. A pedido de Supercanal, y por un conflicto que se desarrolla en Salta, Bento intervino la compañía y le dio un plazo de 60 días para que divida sus activos. La justicia federal porteña y la de Salta lo declararon incompetente. El 5 de julio pasado, los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura debieron salvar a Bento del juicio político.
Pero Bento consiguió designar en Cablevisión a un coadministrador. Es Enrique Anzoize, a quien en Clarín vinculan con Manzano. Ayer la empresa denunció que el juez mendocino, con la colaboración de un colega porteño, estaría por remover a su directorio. De verificarse esa profecía, el avance sobre Cablevisión, el 7 de diciembre, no encontraría resistencia. Al contrario: Anzoize sería el dócil y solitario ejecutor del plan del Gobierno. Y de Vila y Manzano.
Juan Manuel Abal Medina es el nexo entre la Presidenta y Manzano. Las vueltas de la vida: Abal fue discípulo de Carlos "Chacho" Alvarez, quien acusó a Manzano de "robar para la corona", cuando "la corona" era Carlos Menem. La frase tituló un libro del periodista Horacio Verbitsky, quien meses atrás recordó sus reproches a Néstor Kirchner por aliarse con Manzano en la guerra contra Magnetto. A la luz de estos datos, la Presidenta debería descartar el tribunal de ética para la prensa. No vaya a suceder que los que vayan a la hoguera sean los propios. Aunque ya lo aclaró aquel colaborador de Ramón Saadi: "En política la ética es un procedimiento para aplicar al adversario".
Dificultades
Supercanal tiene dificultades para quedarse con los negocios de Clarín. Cuenta con 90 licencias, 66 más de las permitidas. En cambio Advsps no tiene ese límite: es la sociedad que constituyeron el 12 de abril del año pasado el hijo de Vila, Agustín, con el abogado de Supercanal, Eduardo Vila. Advsps está gestionando, con bastante éxito, permisos en la Capital Federal, Lomas de Zamora, Tigre, Paraná, Rosario y Santa Fe, ciudades en las que opera Cablevisión.
Carlos Zannini diría que el conflicto con Clarín es la "contradicción principal" del kirchnerismo. Pero la tormenta que se prepara en Olivos siembra miedo entre los funcionarios de la Afsca. Allí rige una conducción bicéfala, como en casi todo el organigrama oficial: Aragón es controlado por su segundo, Ignacio Saavedra, un delegado de La Cámpora. Saavedra ganó notoriedad como productor de contenidos de TV -Telefé ha sido casi su único cliente- en sociedad con Fernando Pérez, el responsable de conducir los procesos de desinversión.
Los talibanes del Gobierno tienen con Aragón los mismos reparos que les provocaba su padrino y antecesor, Gabriel Mariotto: lo acusan de tibio. A Mariotto se le reprocha haberse marchado a La Plata dejando inconcluso el expediente de suspensión de la licencia de Cablevisión. Saavedra sostiene esa tesis.
Aragón y Saavedra amenizan las conversaciones con sus ocasionales visitantes hablando mal del otro. Todo en voz bien alta, para que el vituperado se entere. El dúo está separado apenas por un tabique en un gran salón en "L".
Sería superficial, sin embargo, atribuir el enredo de la política de medios a que la Afsca se ha convertido en un conventillo. El problema central es que la norma diseñada por Mariotto resulta inaplicable. De hecho, todavía no se ha otorgado ninguna frecuencia bajo el nuevo régimen. Tampoco se conoce el censo de radiodifusores, que debía estar listo para marzo de 2010. En esta nueva etapa se realizó un solo concurso, el de la televisión digital, que debió declararse desierto. Como en YPF, en Aerolíneas o en la guerra contra Boldt, también en esta reforma el kirchnerismo se arriesga a quedar empantanado. Hasta ahora sólo ha sido eficaz en demorar la constitución de la comisión bicameral que debe designar a los representantes de la oposición en la Afsca.
Las dificultades del Gobierno se deben a que tampoco en el campo mediático comprende cómo funcionan los mercados. Las compañías de comunicación no son sustentables por debajo de determinada escala. Sobre todo porque la publicidad no es infinita. Ni siquiera la oficial. Basta ver cómo Gerardo Luis Ferreyra, Sergio Szpolski, y muchos otros empresarios alineados con el Gobierno, hacen malabares para pagar los sueldos, debido a que la agencia Télam les abona las facturas con una demora de 200 días. La crisis fiscal también llegó a esos medios.
RECHAZAN UNA EVENTUAL INTERVENCIÓN JUDICIAL
Diputados nacionales de fuerzas políticas opositoras coincidieron ayer en rechazar una posible intervención a la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, y advirtieron sobre el "intento de hegemonía" del Gobierno sobre los medios de comunicación.
Los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (Pro), Oscar Aguad (UCR) y Patricia Bullrich (Unión por Todos) criticaron, además, al juez mendocino Walter Bento, quien promovería una nueva orden para intervenir Cablevisión, según publicó ayer el diario Clarín.
"Causa alarma que un juez federal de provincia, fuertemente sospechado de responder a un grupo económico afín al Gobierno, que ha tenido comportamientos judiciales inaceptables, pero que goza de protección oficial en el Consejo de la Magistratura, pretenda ahora ejecutar una medida contra Cablevisión", dijo Gil Lavedra.
En tanto, Pinedo opinó que el posible avance del juez mendocino sobre la empresa Cablevisión significaría un "abuso de poder" y sostuvo que el magistrado "actúa con el aval del oficialismo"..
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